La operación política que debió denominarse Todos somos carnales, con la que Morena busca recomponer sus relaciones con el Partido del Trabajo después de la selección de sus aspirantes a las gubernaturas de 17 entidades, enfrenta resistencias que ponen en evidencia las dificultades para mantener cohesionada a la alianza oficialista rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El caso de Michoacán concentra buena parte de esas tensiones, aunque las diferencias también se manifiestan en Nuevo León, Chihuahua y otras entidades.

La controversia gira en torno a la definición de las candidaturas y de los mecanismos utilizados para seleccionar a quienes representarán a la coalición. Mientras Morena considera concluidos determinados procedimientos internos, sectores del PT cuestionan sus resultados y demandan nuevas encuestas o acuerdos que permitan incorporar a sus propios aspirantes.

En Michoacán, el desacuerdo involucra a Raúl Morón, figura respaldada por sectores petistas que insisten en revisar el procedimiento de selección. Frente a esa postura, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ha defendido la conclusión del proceso y el resultado que favoreció a Carlos Torres Piña.

La disputa refleja un problema más amplio: la dificultad de conciliar las decisiones de la dirigencia de Morena con las expectativas de sus aliados, que también buscan espacios de representación y capacidad para influir en las candidaturas.

Aunque el pataleo petista seguirá hasta que el gobierno amenace con retirarles el apoyo económico a esta franquicia y entonces se aplacarán.

Morena, por su parte, necesita administrar las diferencias sin asumir que el respaldo de sus aliados está garantizado. La relación entre los partidos ha sido fundamental para construir mayorías legislativas, pero los intereses estatales no siempre coinciden con los acuerdos nacionales.

En medio de esas disputas aparece la figura de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado en noviembre de 2025. Su vinculación con el Movimiento del Sombrero le ha otorgado presencia en la conversación política de Michoacán y ha abierto especulaciones sobre su candidatura a la gubernatura.

También circulan versiones sobre un eventual acercamiento con el PAN y sobre la posibilidad de que Movimiento Ciudadano participe en algún acuerdo electoral.

La relevancia de su figura no depende únicamente de los conflictos entre Morena y el PT. También está relacionada con la demanda de seguridad, justicia y rendición de cuentas que adquirió visibilidad tras el asesinato de Carlos Manzo.

La elección de Michoacán se desarrollará en un contexto marcado por la violencia criminal, las dificultades de seguridad pública y los cuestionamientos a la capacidad de las autoridades para proteger a funcionarios, candidatos y ciudadanos.

Los ciudadanos tendrán que evaluar propuestas concretas sobre seguridad, desarrollo económico, servicios públicos y funcionamiento institucional, independientemente de las alianzas que finalmente se formen.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT, advirtió el 14 de noviembre que, si no se acuerda una nueva encuesta antes de finalizar el mes, su partido y Raúl Morón tendrán que tomar decisiones sobre su participación electoral. También sostuvo que una candidatura de Torres Piña podría enfrentar dificultades para reunir a todas las corrientes oficialistas.

A la controversia se ha sumado Gerardo Fernández Noroña, quien respaldó la exigencia de Morón de revisar el proceso. Su intervención demuestra que las diferencias no se limitan a una confrontación entre dos partidos, sino que también involucran a figuras identificadas con el propio movimiento gobernante.

En estos momentos, en las encuestas no cuchareadas por el gobierno, ubican a Grecia Quiroz por arriba de sus eventuales contrincantes políticos del oficialismo como el propio Carlos Torres y Raúl Morón.

Las tensiones de Michoacán forman parte de una discusión más amplia sobre la relación entre Morena y sus aliados. En entidades como Nuevo León. Chihuahua y Oaxaca: las negociaciones sobre candidaturas al congreso local y ayuntamientos también han provocado diferencias entre aspirantes y grupos políticos, aunque cada conflicto responde a circunstancias locales que deben examinarse por separado.

La cuestión central es si los acuerdos nacionales podrán conciliar las aspiraciones regionales sin desconocer los procedimientos de selección ni reducir a los aliados a simples acompañantes electorales.

La experiencia demuestra que las coaliciones no se sostienen únicamente mediante declaraciones de unidad. Requieren reglas aceptadas, distribución de responsabilidades y compromisos que sus integrantes estén dispuestos a cumplir.

Si Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, jerarcas del morenismo, no aplacan a sus aliados, no dude, estimado lector, que los petistas de Michoacán jalarán en sentido contrario a donde vaya Carlos Torres Piña. Sobre advertencia no hay engaño.